“Siempre tuvimos trato de camaradería y cordialidad, hasta el punto de compartir inquietudes familiares. Desconozco las razones por las que ha incurrido en esta falsedad”. El vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, responde con tranquilidad a la consulta de LA GACETA respecto de la denuncia formulada en su contra por el juez Enrique Pedicone. “La desmiento rotunda y categóricamente”, enfatiza. Leiva aclara que no conoce el contenido de la presentación del magistrado, salvo por trascendidos, pero que no duda en tildarla de falsa porque nunca mantuvo una conversación que buscara influir en el trámite de una causa “ni con el denunciante ni con ningún magistrado”.

“Sólo tuve un desencuentro institucional con Pedicone cuando él se arrogó potestades jurisdiccionales de las que carecía, porque la Corte había dispuesto una miniferia para el fuero penal por el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Pedicone no estaba habilitado para entender en ninguna causa y, sin embargo, lo hizo. Frente a semejante irregularidad, no voy a permitir que la Corte mire a otra parte”, sostiene Leiva. Hace referencia al caso del Bar y Billares Punto y Banca clausurado por el fiscal Carlos Picón por presunta violación a las normas de distanciamiento social. Como sanción se le pidió donar dos lavarropas industriales al Hospital del Este. Los dueños del comercio acudieron a la Justicia y Pedicone tomó intervención en el caso. Adujo para ello que contaba con la autorización de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, y que el relator Andrés Garmendia le había informado verbalmente del apoyo de Leiva. Sin embargo, Leiva no acompañó la autorización para Pedicone, como tampoco Eleonora Rodríguez Campos ni Antonio Estofán. Ellos tres, luego, sancionaron al juez por haber intervenido sin contar con el aval de la Corte.

“Esta es la reacción maliciosa, fabricando un hecho que no existe, de parte de un juez que fue sancionado por la mayoría de la Corte porque se arrogó una competencia que no tenía”, subraya el vocal. Adelanta que analiza “los pasos legales e institucionales por seguir”.

“¿Si tuve conversaciones con Pedicone? Sí. La última fue hace un mes, pero porque él me llamaba con insistencia. Estaba preocupado por saber si había novedades en una serie de causas en las cuáles él había revocado sistemáticamente las prisiones preventivas. y había ordenado la liberación de procesados por abusos sexuales, homicidios y robos, entre otros delitos muy graves. Fueron más de 100 fallos: sólo a mi vocalía llegaron 40. En todos los casos, aceptamos las quejas (de los fiscales), las abrimos e hicimos lugar a las casaciones que se oponían a las liberaciones otorgadas por el juez, porque nos pareció que las sentencias no se ajustaban a derecho. Le contesté a Pedicone que con la revocatoria de sus sentencias, la tarea jurisdiccional de la Corte estaba agotada”, describe Leiva.

“Pedicone miente. Pero no me preocupa que mienta sobre mí, porque mi buen nombre y honor no dependen de sus inventos. Lo que lamento es que, para ocultar que fue sancionado por intervenir en una causa sin estar autorizado, ponga en duda nada menos que el sistema de gobierno”, afirma.

“La falacia del planteo de Pedicone se advierte en su contradicción. Denuncia, un mes después, que se lo presionó para que demore el caso Bussi. Pero resulta que en la audiencia pública que celebró (el 28 de julio) apartó al juez que entendía en la causa (Raúl Armando Cardozo). ¿Entonces? Todo es un contrasentido”, argumenta.

“Cuando encaramos el desafío del nuevo Código Procesal Penal para lograr más y mejor justicia, sabíamos que habría resistencia. Jamás me imaginé que sería tan baja calaña. Lamento que el juez que no tolere una sanción, pero nunca más se actuará sin competencia aquí”, remarca.

“Por suerte, lo de Pedicone es la excepción. Los jueces, los funcionarios, los empleados y la Corte han puesto de pie el servicio de Justicia en la pandemia”, concluye.